Las bajas laborales han adquirido un protagonismo creciente en los últimos años debido al notable aumento de los procesos de incapacidad temporal. Siguiendo los datos de la Seguridad Social, entre los años 2016 y 2025, el número de bajas por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena se ha duplicado. Esta evolución pone de manifiesto la necesidad de prestar mayor atención a la gestión de las situaciones de incapacidad temporal, al absentismo y a los mecanismos de control disponibles especialmente en sectores tan sensibles como el transporte, donde la ausencia de un trabajador puede afectar directamente a la operativa diaria y al cumplimiento de los servicios.
En este contexto, es fundamental conocer qué se entiende por baja laboral, cómo se inicia un proceso de incapacidad temporal y cuáles son sus principales implicaciones tanto para la persona trabajadora como para la empresa.
Qué es una baja laboral y quién puede emitirla.
La incapacidad temporal es la situación en la que una persona trabajadora está impedida para trabajar por causa de una enfermedad, accidente o alguno de los supuestos previstos legalmente, y recibe asistencia sanitaria.
Dicha situación puede tener su origen en contingencias comunes, como una enfermedad o un accidente no laboral, o en contingencias profesionales derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
La emisión del parte médico de baja dependerá del tipo de contingencia. Si la baja médica deriva de contingencia común, será expedida por el médico del sistema público de salud de atención primaria que le corresponde al trabajador. En el caso de que la baja tenga su origen en contingencias profesionales, será la mutua colaboradora de la seguridad social la que puede emitir el parte de baja, confirmación y alta.
Obligaciones del trabajador durante la baja laboral
Aunque la situación de incapacidad temporal permite acceder a una prestación económica siempre que se reúnan los requisitos legalmente establecidos, también implica el cumplimiento de determinadas obligaciones por parte de la persona trabajadora. El incumplimiento de alguno de estos deberes puede dar lugar, en determinados supuestos, a la suspensión o incluso a la pérdida del derecho a percibir dicha prestación. Entre las principales obligaciones establecidas para la persona trabajadora destacarían:
- El deber de acudir a las revisiones médicas determinadas por el servicio de salud, la mutua o el propio INSS.
- La prohibición de abandonar el tratamiento prescrito.
- La imposibilidad de realizar actividades que resulten incompatibles con la incapacidad temporal que le afecte. Una conducta incompatible con la dolencia que motivó la situación de incapacidad temporal, que evidencia una actuación fraudulenta o dificulte la recuperación podría suponer la suspensión o pérdida de la prestación.
Obligaciones de la empresa durante la baja laboral.
Con la entrada en vigor del actual sistema de gestión de los partes médicos, los trabajadores ya no están obligados a entregar a la empresa los documentos de baja, confirmación o alta. Toda la información se transmite de manera electrónica entre los servicios de salud, el INSS las Mutuas y las empresas.
En este sentido, durante esta situación las empresas:
- Tienen la obligación de comunicar los datos económicos a la seguridad social para el cálculo de la prestación.
- Durante la situación de incapacidad temporal tienen la obligación de cotizar, en cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
- Por norma general, realizan el pago delegado de la prestación, de forma que adelantan el pago de esas cantidades para, después, compensarlas en las liquidaciones de cuotas.
Ahora bien, la incapacidad temporal de una persona trabajadora no está exenta de seguimiento o revisión. El servicio público de salud, las mutuas colaboradoras y las mismas empresas, pueden llevar a cabo distintos controles médicos y administrativos para su revisión y vigilancia.
Esta situación de incapacidad temporal suele finalizar mediante alta médica por curación o mejoría que permita reincorporarse al trabajo; aunque también se puede poner fin a la misma por el transcurso del plazo máximo establecido (545 días), por reconocimiento de una incapacidad permanente, por jubilación y por fallecimiento.
Desde VALLEON ABOGADOS, recomendamos a las empresas del sector transporte mantener una gestión activa y rigurosa de los procesos de incapacidad temporal. El conocimiento de la normativa, la correcta aplicación de los procedimientos y una actuación preventiva son herramientas fundamentales para garantizar la seguridad jurídica de la empresa y reducir los riesgos derivados de estas situaciones.