Devolución tramo autonómico hidrocarburos
Tras el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que el 30 de mayo de 2024 declaró ilegal el tramo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) aplicado en España entre 2013 y 2018 al violar el principio de uniformidad impositiva infringiendo la Directiva 2003/96/CE al permitir tipos diferenciados por territorio para el mismo producto, el sector del transporte por carretera se ha unido en una iniciativa para solicitar la devolución de este tramo del impuesto.
En este sentido y en defensa de los intereses de sus clientes, desde Valleón Abogados se ha tomado iniciativa interponiendo frente al Estado español reclamaciones, estimadas en una cuantía global de más de 6 millones de euros, por los daños y perjuicios ocasionados a los afectados por la repercusión del tramo autonómico de este impuesto.
Fomento de la movilidad sostenible
El pasado 1 de julio de 2025 entró en vigor el Real Decreto 465/2025 que actualizaba el catálogo oficial de señales de tráfico en el territorio español. En este punto, se revisa el Título IV del Reglamento General de Circulación – relativo a la señalización vertical, la de obra y balizamiento, la de los agentes, la circunstancial o los semáforos – consolidando un catálogo oficial de señales de circulación y marcas viales que recoge de forma unificada la forma, símbolos y nomenclatura de todos los indicadores. El cambio físico de algunas señales se introducirá de forma progresiva, destacando la incorporación de nuevas señales para regular nuevos modos de transporte, como los vehículos de movilidad personal, y responder a situaciones actuales del tráfico, como la indicación de entrada en Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Asimismo, en el ámbito de la seguridad vial se introduce para el 1 de enero de 2026 la obligatoriedad del uso de la baliza V16 conectada como único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada, dejando a un lado los triángulos señalizadores. La urgencia temporal del cambio y la alta demanda de estos dispositivos está complicando que muchas empresas e individuales puedan asegurar el cumplimiento de la esta norma, que puede comportar sanciones de hasta 200 €.
El objetivo último de todo este cambio normativo es reforzar la seguridad e impulsar una nueva forma de movilidad, consciente, más digital y segura, algo que vino a reforzar la Ley de Movilidad Sostenible. En este sentido, la ley 9/2025 de 3 de diciembre de Movilidad Sostenible obliga a todas aquellas empresas de más de 200 empleados (o 100 por turno) para definir planes de movilidad sostenible exigibles a partir del 5 de diciembre de 2027. Estos planes, que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, incluirán medidas tanto para trabajadores como para visitantes y proveedores. Entre las más destacadas: el fomento de la movilidad activa y del uso del transporte colectivo, el impulso de opciones de movilidad compartida o de uso de medios de transporte de bajas y cero emisiones, el impulso de la recarga de vehículos eléctricos y teletrabajo cuando sea posible.
Incremento de MMA autorizada
Tras la publicación, el pasado 21 de julio de la orden PJC/780/2025 que modifica los anexos II, IX, X y XVII del Reglamento General de Vehículos (RGV), cuyas principales medidas detalladas respecto a aumentos de Masa Máxima Autorizada (MMA) han devenido obligatorias para vehículos de transporte general el 23 de octubre de 2025 y lo serán para vehículos de transporte en cisterna el 23 de enero de 2026.
En este sentido, llama la atención la descoordinación entre la normativa española y europea. Aquellos operadores de transporte que cuentan con actividad relevante a nivel europeo, siguen rigiéndose aún por la Directiva 96/53/CE que mantiene los límites de MMA en las operaciones transfronterizas para vehículos que, en transporte nacional, pudieran tener un mayor tonelaje autorizado.
Esta dualidad normativa obliga a los operadores que trabajan en ambos entornos a diseñar estrategias logísticas diferenciadas, con el consiguiente aumento de costes y complejidad operativa. Si bien la tendencia europea parece orientarse hacia una armonización al alza en las 44 toneladas, las reticencias de ciertos Estados, como Alemania, que buscan salvaguardar el transporte ferroviario, retrasarán previsiblemente cualquier cambio en el corto plazo.
Digitalización de la carta de porte y hoja de ruta
Justo antes de finalizar el año, el 5 de diciembre de 2025, entraba en vigor la ley 9/2025 de 3 de diciembre de Movilidad Sostenible. Esta normativa marca un punto de inflexión decisivo en la forma de entender la movilidad, más allá del concepto de desplazamiento centrado en el tráfico y el transporte hacia un concepto que abarca el acceso y desarrollo a servicios y actividades, lo que implica un derecho de los ciudadanos.
Entre sus principales medidas se incluye la obligatoriedad de la disposición de carta de porte y hoja de ruta digitales, exigible a partir del 5 de octubre de 2026, otro impulso a la movilidad sostenible, interconectada que facilite los flujos de tráfico de mercancías y que supone todo un reto para las empresas del sector, muchas de ellas PYMES y autónomos que deben acelerar la digitalización de los procesos.
Retos de la nueva ley de movilidad sostenible
Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo, exigibles para el 5 de diciembre de 2027. Estos planes, que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, incluirán medidas tanto para trabajadores como para visitantes y proveedores. Entre las más destacadas: el fomento de la movilidad activa y del uso del transporte colectivo, el impulso de opciones de movilidad compartida o de uso de medios de transporte de bajas y cero emisiones, el impulso de la recarga de vehículos eléctricos y teletrabajo cuando sea posible.
Avances y retos en el ámbito administrativo para 2026
La adaptación operativa a los requerimientos de la nueva Ley de Movilidad Sostenible – con medidas como la digitalización de la carta de porte y de la hoja de ruta exigible ya para octubre de 2026 -representará desafíos para las empresas del sector, que deberán imprimir mayor celeridad a los cambios en su operativa en aras de ser más digitales, más sostenibles y eficientes, formando también a sus trabajadores en las implicaciones que estos cambios apuntan.
El cumplimiento de las nuevas medidas de seguridad para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada – con la nueva baliza V16 conectada y homologada – o la introducción progresiva de nueva señalización también supondrá un reto para los usuarios, especialmente del sector.
Los previsibles cambios normativos a nivel europeo en aras de una mayor digitalización e interconexión de datos del sector con las administraciones serán otro desafío al que se enfrentarán los operadores de transporte terrestre en 2026.
