El conflicto que enfrenta a taxistas con empresas como Uber o Cabify ha llevado al Gobierno a aprobar por vía de urgencia una reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) a fin de limitar a una el número de licencias VTC por cada 30 de taxi, protegiendo así de esta forma un hipotético fallo desfavorable del Tribunal Supremo que está juzgando el caso.

El crecimiento exponencial en los últimos tiempos del número de autorizaciones de arrendamientos de vehículos con conductor, lo que comienza a afectar de manera significativa a la prestación de otras modalidades de transporte y, muy especialmente a los servicios de taxi en el ámbito urbano, con consecuencias que no sólo están generando una situación de conflicto entre los dos sectores profesionales afectados sino que amenazan con tener repercusiones sobre los propios usuarios de los servicios ha llevado al Gobierno a tomar medidas, promoviendo una reforma de la  LOTT, en lo referente a esta cuestión.

Y así, entre los cambios principales cabe destacar la posibilidad de denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor cuando la proporción entre el numero de las existentes en el territorio de la comunidad autónoma en que pretendan domiciliarse y el de las de transporte de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en ese mismo territorio sea superior a una de aquellas por cada 30 de estas, a excepción de aquellas que, por delegación del Estado, hubieran asumido competencias en tal materia, que podrán modificar esta proporción siempre que la que apliquen resulte menos restrictiva que la establecida por la reforma, y todo ello en aras, como decimos, por mantener el adecuado equilibrio entre la oferta de ambas modalidades de transporte.

Asimismo, se prevé además que los vehículos destinados al desarrollo de esa actividad deban ser utilizados habitualmente en la prestación de servicios destinados a atender necesidades relacionadas con el territorio de la comunidad autónoma en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan, entendiéndose que un vehículo no cumple este condicionante cuando el 20% o más de los servicios realizados por aquel dentro de un periodo de tres meses no haya discurrido, ni siquiera parcialmente, por dicho territorio (el conocido como “80-20”).

El Ministerio de Fomento cumple así su compromiso con el sector del taxi de protegerle frente a la avalancha de licencias VTC que se han concedido en los últimos tiempos gracias a la existencia de un vacío legal, y que han supuesto, en definitiva, una seria amenaza a su negocio. Actualmente, operan más de 64.000 taxistas en toda España y en torno a 7.000 vehículos VTC, a los que se unirían otros 10.000, por la vía judicial, lo que supondría la circulación de un VTC por cada cuatro taxis.

Todo lo anterior, se encuentra ya en vigor desde el pasado 22 de abril de 2018.