La paralización de un vehículo, especialmente de aquellos destinados al transporte, en nuestro caso el de viajeros, determina la causación de toda una serie de perjuicios en las empresas los cuales y para su resarcimiento exige la previa puesta en escena de los elementos de prueba necesarios que permitan su acreditación y cuantificación, lo que en muchas ocasiones no resulta del todo fácil.

Lesiones en las personas, así como daños materiales, incluso en la vía. Son muchas las consecuencias que se derivan de un accidente de circulación, dentro de las cuales y referido al ámbito del transporte se incluye también la paralización del vehículo en un taller para su reparación. Recordemos que, en el caso de los autobuses y autocares nos encontramos ante elementos destinados a la prestación de una actividad económica y que por tanto, precisan estar en constante movimiento para su rentabilidad. Por ello, en caso de siniestro su paralización origina en la empresa unos perjuicios económicos al no poder servirse del vehículo para su trabajo, durante el tiempo en que aquél permanece inmóvil, sin posibilidad de uso, lo que determina el derecho a reclamar también esa ganancia dejada de percibir (el conocido como “lucro cesante”), además de los gastos de reparación propiamente dichos. Sin embargo, no son pocos los problemas que en forma de prueba surgen a la hora de reclamar los daños y perjuicios producidos, especialmente en el caso de la paralización, lo que ha determinado una variada discusión jurídica, no tanto en torno a la procedencia de la indemnización sino acerca de cómo cuantificarlos. Piénsese, y así viene posicionándose la jurisprudencia, que no basta en meras suposiciones o fundadas en esperanzas de ganancia sino que es preciso de una mínima actividad probatoria, basada en datos objetivos y verificables pero sin llegar a exigir por ello, un rigorismo excesivo que haga imposible su acreditación. En tales casos, se considera como ganancia dejada de percibir aquella que de seguir el curso normal de las cosas sin que hubiera ocurrido el siniestro, la ganancia se habría percibido.

Otro punto controvertido es el relativo a la prueba del tiempo de paralización del vehículo, esto es, se plantea a menudo qué días pueden ser objeto de reclamación por este concepto, si todos desde que entra hasta que sale el vehículo del taller, o computando únicamente los días efectivos de reparación (no se tienen en cuenta por ejemplo los días festivos o aquellos en que el taller permanece cerrado), llegando a la conclusión de que habrán de indemnizarse sólo los que sean consecuencia natural del daño o con origen en un tercero (normalmente el taller), excluyéndose por tanto aquellos que tengan su causa en el propio perjudicado (por ejemplo, el retraso en llevar el vehículo a reparar).

Pero, sin duda alguna, el punto más controvertido a la hora de reclamar una paralización lo encontramos precisamente en los medios de prueba que han de servirse las empresas para acreditar el perjuicio. En tales casos, en el sector se acude habitualmente a la figura de los certificados gremiales como elemento dirigido a hacer prueba de los daños originados por la paralización del vehículo. Sin embargo, éstos por su carácter genérico y referidos a toda la actividad profesional del transporte de viajeros por carretera (es decir, no incluye la mayor o menor actividad de la época, por ejemplo), por sí solos no resultan suficientes para acreditar el lucro cesante sufrido, debiendo necesariamente acompañarse de otros elementos de prueba como pudieran ser los contratos a cuya ejecución se encontraba afecto el vehículo y que, motivado por su siniestro no han podido ser atendidos, así como por medio de la acreditación de ingresos en periodos similares, por citar algunos ejemplos, entre otros muchos que existen.