Todo procedimiento de adjudicación de contratos en el ámbito del sector público se asienta sobre una serie de principios básicos y fundamentales de derecho, dentro de los cuales se incluye el relativo a la confidencialidad de las ofertas. En cuántas ocasiones, concurriendo a un concurso público de transporte regular de viajeros de uso general o especial, habremos oído aquello de “la confidencialidad de las ofertas“, pero,

¿Qué implica este principio?

Pues bien, sobre esta cuestión, dispone el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico en su artículo 140 que “sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas”.

Quiere decir esto que, a la hora de concurrir a un concurso y presentar una oferta, la empresa podrá expresamente designar como confidenciales aquellos documentos que de ser conocidos por un competidor podría perjudicar gravemente sus intereses.

En este sentido, fíjense que, hablamos de la posibilidad de declarar ciertos documentos y no de la totalidad como confidenciales, como así tiene reiteradamente resuelto el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), y ello con la única finalidad de garantizar que ese deber (el de confidencialidad) no perjudique el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad e información que debe darse a los candidatos y licitadores. A su vez, el contratista, de conformidad con lo que señala la norma inmediatamente a continuación, en su apartado segundo, “deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal”, deber este que habrá de mantenerse “durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor”.

En todo caso y por último, tiene reiteradamente resuelto el TACRC que el órgano de contratación habrá de velar por el mantenimiento de un adecuado equilibrio de los derechos de los licitadores, el que solicita el acceso (principio de publicidad) y el que se opone al mismo (principio de confidencialidad), de forma que ninguno de ellos se vea perjudicado mas allá de lo estrictamente necesario.