La atribución de la condición de agente de la autoridad a los empleados de las empresas de transporte de viajeros por carretera

El fallo dictado por el Pleno del Tribunal Constitucional, el pasado 6 de septiembre, avala las funciones de policía administrativa en el estricto sentido de vigilancia de la observancia por los usuarios, en lo referido al control de la posesión por los viajeros de un título válido de transporte.

No policía gubernativa, pero sí administrativa. Así lo ha confirmado recientemente nuestro supremo intérpre­te de la Constitución, y con cuyo fallo viene a desestimar la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sección Novena de la Audiencia Pro­vincial de Barcelona contra la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de regulación del transporte de viajeros por carretera me­diante vehículos de motor, por la que se establecía que los empleados de empre­sas de transporte de viajeros por carrete­ra ostentaban la condición de agente de autoridad en el ejercicio de sus funciones.

De esta forma, el Tribunal Constitu­cional confirma la legalidad de esta Ley, en lo relativo a las funciones de “agente” del personal, al entender que no invade las competencias estatales en materia penal ni de seguridad pública.

En concreto, la sentencia sostiene que la norma catalana recurrida se li­mita a atribuir la condición de autori­dad al personal adscrito a la prestación de servicios de conducción a bordo de autobuses y autocares, a los efectos de ejercer funciones de policía administra­tiva, estando obligados por tanto a dar cuenta de las infracciones que detecten a los órganos competentes para que im­pongan las sanciones oportunas.

Esa atribución, sin embargo, en pala­bras del Constitucional, no implica de ninguna manera “la participación direc­ta o indirecta en el ejercicio de potesta­des públicas o en la salvaguardia de las administraciones”.

Además, aclara el Tribunal que, a dife­rencia de lo que sucedía en el caso de la Ley Ferroviaria de Cataluña, que atribuía la condición de agentes de la autoridad a los interventores a los efectos de po­der exigir responsabilidades a los usua­ríos, derivadas de la comisión de con­ductas punibles al Código Penal (lo que fue declarado inconstitucional y nulo por la sentencia 20/2018, igualmente del Tribunal Constitucional), la norma cues­tionada restringe su ámbito de actua­ción al puramente administrativo.

En conclusión, reconoce que “la con­dición de agentes de la autoridad a los empleados de las empresas de trans­porte de viajeros por carretera no lo es en el sentido de policía gubernativa, sino en el estricto sentido de vigilancia de la observancia por los usuarios, par­ticularmente, en lo referido al control de la posesión por los viajeros de un titulo válido de transporte”, resolviendo así de esta forma otra de las dudas sobre constitucionalidad planteadas por la Audiencia de Barcelona, en relación a una posible vulneración de la competencia estatal en materia de seguridad pública.